“Culminación Anticipada” es la figura legal a la que Alberto Fujimori se ha acogido con el único fin de evitar que la población conozca las pruebas y testimonios que demostraban el uso corrupto de los fondos públicos para actividades ilícitas y en beneficio del sentenciado ex mandatario.

Lo que Fujimori reconoció:

- El desvío de fondos del Estado para la adquisición de equipos de interceptación telefónica.

- La puesta en marcha de operaciones de “chuponeo” telefónico contra periodistas y políticos de oposición.

- El haber ordenado el reclutamiento de congresistas de oposición para que se pasen a las filas de su partido con el único fin de tener una mayoría que le permita controlar el Congreso.

- El uso ilegal de más de 2 millones de dólares para la adquisición – a través de testaferros – del 75% de acciones de Cable Canal de Noticias (CCN) y la línea editorial del diario Expreso.

Todos estos actos ilícitos – reconocidos por Fujimori – se cometieron entre 1990 y el 2000 con el único fin de controlar el poder para así realizar actos de corrupción, encubrir el robo sistemático de dinero del Estado en beneficio propio y de sus familiares.

Aunque la conformidad de la defensa de Alberto Fujimori representa el reconocimiento de su accionar delictivo, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción considera que el desarrollo del proceso judicial hubiera permitido a la ciudadanía conocer a fondo la gravedad de la corrupción que se instauró en el Estado peruano en la década de los 90´s.

Los testimonios solicitados (o) testigos presentados por el Fiscal Supremo José Peláez, que en su mayoría eran funcionarios del régimen del ex mandatario – entre ellos, Carlos Boloña, Rafael Merino Bartlett, Domingo Palermo, Humberto Rozas Bonucelli y los agentes que operaban la estación de chuponeo en Palacio de Gobierno bajo sus órdenes directas – hubieran permitido conocer la forma en la que Fujimori dirigía las operaciones clandestinas e ilegales así como el uso de los fondos del Estado a criterio del ex presidente, entre otras cosas, para pagar los estudios de sus hijos en el extranjero.

Para el Grupo de Trabajo contra la Corrupción los argumentos esbozados por la defensa fujimorista sobre la supuesta parcialidad de la Sala Suprema contra su líder resultan infundados. El trabajo que ha realizado la Sala en los procesos seguidos contra Fujimori, se ha desarrollado con total arreglo a los principios del debido proceso, hecho que fue reconocido a nivel nacional e internacional e incluso hasta por la propia defensa del ex mandatario al inicio de los juicios orales.

Lima, 28 de setiembre de 2009