Leer Presentación sobre Decretos de Urgencia

Los Decretos de Urgencia no dejan de ser inconstitucionales con modificatoria anunciada, señala el Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

La mañana de hoy, el Ministro de la Producción anunció la decisión del Consejo de Ministros de modificar parcialmente los Decretos de Urgencia No. 001 y 002 – 2011; frente a la ola de cuestionamientos que habían recibido. Sin embargo, sólo se modificaría lo referente a la regulación para la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.

Para el investigador Walter Vargas, del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, los Decretos de Urgencia emitidos en enero de 2011 – que son parte de un mecanismo que, desde el 2008, el gobierno ha utilizado para agilizar las concesiones sin niveles de transparencia, consulta ni control público -, son inconstitucionales por una serie de consideraciones de fondo y forma.

La inconstitucionalidad de los DU tiene que ver con que no existe “ninguna situación extraordinaria o impredecible”, como exige la Constitución y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas; además se excede la materia económica y financiera a la que deben estar limitados.

A esto hay que sumar que 15 de los 33 proyectos priorizados son reiterativos de Decretos de Urgencia emitidos entre el 2008 y 2009; es decir, tiene más de dos años en espera de ser implementados.

Por otro lado, los Decretos de Urgencia – tanto los del 2011 como los anteriores – interfieren no sólo con la normatividad y regulación ambiental sino con la regulación administrativa que debe ejercer la Contraloría General de la República, que sólo puedo pronunciarse sobre versiones finales de contrato y no interviene en las fases previas a la concesión, donde pueden desarrollarse irregularidades como ya ha sucedido en Paita y Taboada, ambos proyectos incluidos en DU anteriores.

Todas estas deficiencias, peligros y cuestionamientos no se resuelven con la decisión anunciada esta mañana por el Consejo de Ministros. En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, lo que se buscaría sería acallar las criticas sin romper el compromiso de “facilitar las inversiones” que el gobierno ha asumido con grupos de poder económico.

Vargas Díaz, además, señala que los Decretos de Urgencia atentan contra una serie de derechos (a la consulta, al desarrollo humano integral y el principio de transparencia del poder público);  y plantean un peligro en materia de corrupción por las siguientes razones:

a)      Se evade el control público mediante una norma que favorece a grupos privados.

b)      Se garantiza la impunidad de posibles irregularidades ya que las normas blindan el manejo privatista de los recursos naturales y el patrimonio público.

c)      Se reduce y limita la intervención del Contraloría General, atentando incluso con su Ley Orgánica.

En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la modificatoria parcial no resuelve ni reduce el peligro de corrupción en la concesión de los proyectos priorizados. El Gobierno o el Congreso de la República deben derogar dichas normas, asimismo, debe declararse la inconstitucionalidad de las mismas y revisarse lo actuado en aquellos proyectos que ya hayan venido aplicando la norma “flexibilizada” de los Decretos de Urgencia desde el año 2008.

Lima, 16 de Febrero de 2011