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Diversas organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil se pronunciaron contra la modificatoria del Código Procesal Constitucional presentada el pasado jueves al Congreso de la República por el Poder Ejecutivo y planteada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) debido a que debilita la institucionalidad judicial del país y no aporta a una efectiva lucha contra la corrupción.

En el pronunciamiento público, se exige que el Congreso de la República archive el Proyecto de Ley No. 4655/2010 – PE, debido a que “no constituye una solución al problema de la invocada corruptibilidad de los jueces en los procesos de medidas cautelares”. El documento está suscrito por 27 organizaciones entre redes como el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la Red Tukuy Rikuy, la Mesa de Interculturalidad, MOCICC y la Red Muqui; sindicatos como la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios y alrededor de 10 sindicatos portuarios locales; organizaciones sociales como ADOSCIL, el Frente de Defensa de los Intereses de la Región San Martín, Vicaría del Medio Ambiente de Jaén, Juventud Agraria y Rural Católica y el Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica; e instituciones como Flora Tristán, CICAP; entre otras.

Para las organizaciones firmamentos, la propuesta legislativa terminaría por limitar el derecho de acceder a la justicia de las poblaciones y ciudadanos que vean afectados sus derechos por la concesión de recursos naturales o la ejecución de proyectos de inversión; ya que centraliza en Lima la tramitación de los recursos de amparo y medidas cautelares vinculados a dichos casos.

Otro de los cuestionamientos planteados por las más de 20 organizaciones, esta referido a la vulneración de la tutela jurisdiccional y el atentado contra la competencia de jueces naturales para este tipo de procesos. También se cuestiona la decisión de establecer el pago de una caución “cuyo monto sería cuantioso al tener como referencia el valor monetario de la inversión”.

Además, el pronunciamiento señala que la propuesta fue adoptada a pedido de la CONFIEP – integrante del CAN – y se suma a un compromiso previo asumido por el Dr. César San Martín, Presidente del Poder Judicial y titular interino de la CAN, para iniciar medidas disciplinarias contra los magistrados que admitan medidas cautelares contra los proyectos de inversión.

Para las organizaciones y redes ciudadanas adherentes, aunque la medida se plantea bajo el argumento de la alta corruptibilidad de los magistrados que ven estas acciones en las localidades al interior del país, la misma no constituye ninguna garantía de reducir los niveles de corrupción en estos procedimientos.

El documento indica, además, que no se debe desligar la reciente emisión de dos nuevos decretos de Urgencia que priorizan la ejecución de más de 30 proyectos de inversión privada “que son parte de un mecanismo que, desde el 2008, viene utilizando el Gobierno para agilizar las concesiones sin niveles de transparencia, consulta ni control público”, de estas decisiones que intervienen directamente en la actuación de los magistrados en estos procesos.

En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción y las organizaciones adherentes del pronunciamiento, con este tipo de propuestas la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está contribuyendo “a debilitar los niveles de control judicial ante las irregularidades que se puedan presentar en las concesiones y programas de inversión”. Recuerda además, los casos Paita, Taboada y Majes – Sihuas II.

Todo ello, lleva a preguntarse si el objetivo no es “convertir a las autoridades judiciales en otros agentes facilitadotes de los grandes inversionistas sin tomar en cuenta los derechos de la población y sus expectativas de desarrollo”, como ya viene sucediendo con otras instancias gubernamentales.

Finalmente, las organizaciones firmanentes continuarán con la vigilancia y acciones para evitar que la referida norma sea aprobada e implementada por considerarla un golpe a la institucionalidad democrática.

Lima, 8 de Febrero de 2011