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Más de 70 ciudadanos, ciudadanas, representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil exigieron al Presidente García que rinda cuentas “sobre la situación de la corrupción bajo su gobierno (y) las orientaciones y medidas para enfrentarla” este 28 de julio durante su último discurso presidencial.

La preocupación e indignación expresada en la Carta Abierta, publicada en diversos medios de comunicación,  se debe “al poco interés de su gobierno, por prevenir y sancionar la corrupción en el Perú” asimismo, según se lee en el documento “las constantes marchas y contramarchas respecto a las iniciativas de lucha anticorrupción, que evidencian, a fin de cuentas, la falta de voluntad política gubernamental, a pesar de sus compromisos asumidos tanto en el Acuerdo Nacional como en sendos convenios internacionales”

 Entre los firmantes se encuentran organizaciones como el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC); el Centro de Desarrollo Étnico; Forum Solidaridad Perú; IDL, Aprodeh, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT); el Colectivo Ciudadanos de Segunda Categoría; CENCA; Asociación Paz y Esperanza; la ISDEN; la Asociación Geriátrica Madre Teresa de Calcuta.

Asimismo, figuran dirigentes sindicales y sociales como Carmela Sifuentes (Presidenta de la CGTP); Manuel Cortez (Secretario de Organización de la CGTP); César Janto (Secretario General Colegiado de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales); Ana María Lizárraga Mejía (Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de SUNAT); Amelia Alegría Morán (Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca Nacional); Victoria Gonzáles Melgarejo (Equipos Docentes del Perú), entre otros.  Además, de una treintena de ciudadanos y ciudadanas que firmaron a título personal.

Además de recordar los diversos Planes Anticorrupción presentados por este gobierno desde el 2007, y luego, simplemente dejados al olvido; incluyendo el recientemente anunciado Pacto Nación Anticorrupción que aún no muestra metas concretas para su cumplimiento; en el documento se señalan decisiones políticas que benefician a la corrupción y la impunidad como son: el constante incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información por parte de Ministerios y entidades del Estado; la emisión de normas que han “reducido los niveles de control de la Contraloría General de la República (…) haciendo prevalecer la simplificación, pero sacrificando la seguridad del patrimonio público”.

 En el documento se le recuerda al Presidente García algunos de los casos más graves de corrupción que involucran a “más de un funcionario y personaje vinculado al más alto nivel de su gobierno”, como son Cofopri, el indulto a Crousillat, los denominados “petroaudios” y el espionaje de BTR  – donde se recuerda se han manipulado o sustraído material probatorio para garantizar la impunidad de los procesados -. A estos hechos se suman, los cuestionamientos a licitaciones como el Puerto de Paita y la Modernización de la Refinería de Talara.

 Finalmente, los adherentes lamentan que el mandatario “haya desperdiciado la gran oportunidad para limpiar la imagen negativa de su primer gobierno relacionada a sonados casos de corrupción pública cometidos durante ese período”.  Explican que la falta de legitimidad y la poca confianza de la población hacen difícil lograr cambios sustanciales frente a la ineficacia y falta de voluntad del gobierno, especialmente, siendo éste su último año.

 Sin duda, el Presidente García deberá escuchar las diversas voces que exigen explicaciones sobre un tema fundamental para la democracia nacional.