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El presente informe aborda el análisis de las principales modificaciones hechas por el gobierno a los mecanismos de control y fiscalización durante el año 2009, mediante la legislación de urgencia, así como su repercusión en la lucha contra la corrupción en el marco de las facultades y límites establecidos al Presidente de la República en la Constitución para emitir decretos de urgencia.

El contexto global de crisis económica y el plan de estímulo del gobierno se ha presentado como la justificación para acelerar la entrega en concesión de diversas obras públicas en actividades económicas estratégicas para el país, así como para establecer modificaciones legales en las contrataciones del Estado y el gasto público al margen del poder legislativo.

Una tendencia creciente a emplear la legislación de urgencia desde el gobierno despierta nuestra preocupación, la cifra actual de 246 decretos de urgencia emitidos entre el 2006 y el 2009 por el Presidente de la República, sin que hayan tenido un control efectivo del Congreso, es un síntoma evidente ejercicio abusivo de esta facultad. Tanto así que –lejos del discurso oficial de austeridad frente la crisis- el primer decreto de urgencia emitido el 2009, felizmente derogado gracias a la presión de la opinión pública, pretendía elevar el sueldo de los ministros. (Leer Más)