A pesar de reconocer que la corrupción es el principal problema y deficiencia de su gobierno, el Presidente García no aclaró la falta de voluntad política para combatirla y se limitó a pedir al Poder Judicial celeridad en el juzgamiento de casos emblemáticos.

Como ya había adelantado en una entrevista brindada a un diario nacional, García pretendió mirar con distancia el problema de la corrupción, como si fuera una espectador y no asumió su rol como Jefe de Estado de impulsar una política anticorrupción adecuada.

García recordó los casos “petroaudios”, “chuponeo telefónico” y “Cofopri”, como si tratara de escándalos y hechos aislados. Pidió al Poder Judicial acelerar la sanción de estos casos, pero no rindió cuentas sobre la legislación emitida durante su mandato que ha reducido la fiscalización en los grandes procesos de concesión.

Un hecho que grafica la voluntad y mirada que el Presidente tiene sobre la necesidad de la fiscalización, es que al mencionar a la Contraloría General de la República – y recordar la incorporación de los funcionarios de las Oficinas de Control Interno  a su ámbito – enfatizó que instituciones como el Congreso y las Fuerzas Armadas también deben ser controladas por la CGR, pero no mencionó ni a la Presidencia de la República ni al Poder Ejecutivo.

Quizás lo más llamativo del discurso presidencial en el tema de corrupción fue haber reconocido que en el país hay muchos “lobistas” que “con una llamada telefónica (…) o promesas (…) quieren ganar una licitación o acelerar trámites”. Asimismo, remarcó que no existe corrupción sin “corruptores”.

Pero, el Presidente olvido si quiera mencionar los Planes o políticas públicas anticorrupción que su gobierno ha impulsado o que reforzará en los próximos 12 meses para evitar más “escándalos” como él mismo llamó a los casos de corrupción que más han golpeado a su segundo gobierno.

Para el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, el Presidente García ha demostrado una vez más que, fuera de los discursos puntuales y coyunturales, la lucha contra la corrupción no es una de sus prioridades; con lo que los “lobistas” a los que hizo referencia el Presidente en su último discurso presidencial no deben temer mayores cambios en la normativa que les ha abierto las puertas hasta el momento.

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Más de 70 ciudadanos, ciudadanas, representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil exigieron al Presidente García que rinda cuentas “sobre la situación de la corrupción bajo su gobierno (y) las orientaciones y medidas para enfrentarla” este 28 de julio durante su último discurso presidencial.

La preocupación e indignación expresada en la Carta Abierta, publicada en diversos medios de comunicación,  se debe “al poco interés de su gobierno, por prevenir y sancionar la corrupción en el Perú” asimismo, según se lee en el documento “las constantes marchas y contramarchas respecto a las iniciativas de lucha anticorrupción, que evidencian, a fin de cuentas, la falta de voluntad política gubernamental, a pesar de sus compromisos asumidos tanto en el Acuerdo Nacional como en sendos convenios internacionales”

 Entre los firmantes se encuentran organizaciones como el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC); el Centro de Desarrollo Étnico; Forum Solidaridad Perú; IDL, Aprodeh, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT); el Colectivo Ciudadanos de Segunda Categoría; CENCA; Asociación Paz y Esperanza; la ISDEN; la Asociación Geriátrica Madre Teresa de Calcuta.

Asimismo, figuran dirigentes sindicales y sociales como Carmela Sifuentes (Presidenta de la CGTP); Manuel Cortez (Secretario de Organización de la CGTP); César Janto (Secretario General Colegiado de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales); Ana María Lizárraga Mejía (Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de SUNAT); Amelia Alegría Morán (Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca Nacional); Victoria Gonzáles Melgarejo (Equipos Docentes del Perú), entre otros.  Además, de una treintena de ciudadanos y ciudadanas que firmaron a título personal.

Además de recordar los diversos Planes Anticorrupción presentados por este gobierno desde el 2007, y luego, simplemente dejados al olvido; incluyendo el recientemente anunciado Pacto Nación Anticorrupción que aún no muestra metas concretas para su cumplimiento; en el documento se señalan decisiones políticas que benefician a la corrupción y la impunidad como son: el constante incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información por parte de Ministerios y entidades del Estado; la emisión de normas que han “reducido los niveles de control de la Contraloría General de la República (…) haciendo prevalecer la simplificación, pero sacrificando la seguridad del patrimonio público”.

 En el documento se le recuerda al Presidente García algunos de los casos más graves de corrupción que involucran a “más de un funcionario y personaje vinculado al más alto nivel de su gobierno”, como son Cofopri, el indulto a Crousillat, los denominados “petroaudios” y el espionaje de BTR  – donde se recuerda se han manipulado o sustraído material probatorio para garantizar la impunidad de los procesados -. A estos hechos se suman, los cuestionamientos a licitaciones como el Puerto de Paita y la Modernización de la Refinería de Talara.

 Finalmente, los adherentes lamentan que el mandatario “haya desperdiciado la gran oportunidad para limpiar la imagen negativa de su primer gobierno relacionada a sonados casos de corrupción pública cometidos durante ese período”.  Explican que la falta de legitimidad y la poca confianza de la población hacen difícil lograr cambios sustanciales frente a la ineficacia y falta de voluntad del gobierno, especialmente, siendo éste su último año.

 Sin duda, el Presidente García deberá escuchar las diversas voces que exigen explicaciones sobre un tema fundamental para la democracia nacional.

56% de los peruanos considera que la lucha contra la corrupción ha empeorado; pese a anuncios de Pactos Nación y acciones para combatir este flagelo.

El Diario El Comercio, publicó ayer una encuesta realizada entre el 13 y 16 de julio a 1200 peruanos en diversas localidades del país; y los resultados son bastantes desalentadores para los miembros del gobierno sobre todo en materia anticorrupción.

 A la pregunta, “al finalizar el cuarto año de gobierno de Alan García ¿considera que los siguientes aspectos han mejorado, siguen igual o han empeorado?” los resultados, en materia de “control de la corrupción” son:

 -         3% cree que ha mejorado.

-         38% cree que sigue igual.

-         56% cree que ha empeorado.

Para el Grupo de Trabajo contra la Corrupción son varios los elementos que deben tenerse en cuenta para analizar estas cifras:

• El 3% que cree que las cosas han mejorado, se diluye si tenemos en cuenta que el margen de error de la encuesta es de +/- 2.8%.
• Si tomamos en cuenta  a quienes consideran que el control de la corrupción ha empeorado (56%) y a quienes consideran que sigue igual (38%), estamos hablando de un 94% que considera que no se ha avanzado en nada.
•  La encuesta se realizó a menos de 15 días de haberse anunciado el Pacto Nación Anticorrupción, la cuarta iniciativa del gobierno en la materia.
•  El Estado peruano, a través de diversas instituciones, viene implementando el Programa Umbral Anticorrupción de USAID, cuyo objetivo es mejorar la percepción de la ciudadanía.
•  El control de la corrupción es el tema que muestra el porcentaje más bajo de población que considera que las cosas han mejorado; y el segundo más alto de los que consideran que las cosas han empeorado.

 Entonces, lo que las cifras nos están diciendo es que el gobierno ha ido minando su credibilidad en materia anticorrupción.

 A lo largo de cuatro años, se han anunciando tantas acciones, iniciativas, instancias y planes que luego son “abandonados”; que la población ya no cree en los discursos y gestos “vacíos”.

Así las cosas, qué futuro le puede esperar al Pacto Nación Anticorrupción que, a todas luces, no estaría gozando de la legitimidad que requieren las políticas públicas para ser efectivas.

 Pero no sólo las políticas anticorrupción son puestas en duda con los resultados de la encuesta. Los resultados evidenciarían que el Programa Umbral Anticorrupción que vienen implementando cuatro entidades estatales desde el 2009 no está teniendo resultados efectivos.

 El Programa Umbral Anticorrupción, es un mecanismo de USAID para que los Estados mejoren determinados indicadores y sean habilitados para postular a un financiamiento mayor y más integral para desarrollo. En el caso peruano, el principal indicador a mejorar es el control y la percepción de la corrupción; de hecho, uno de los ítems a evaluar para medir el éxito del programa es “la percepción que tiene la ciudadanía sobre la eficacia de estas iniciativas (anticorrupción)”.

 Como es evidente en la encuesta, el 94% de los peruanos considera que la cosas no han mejorado en la lucha contra la corrupción; lo que evidencia la falta de credibilidad del gobierno y la creciente percepción de la poca efectividad de los gestos anticorrupción que se han anunciado con bombos y platillos en estos cuatro años.

 Así las cosas, la encuesta recientemente publicada, refleja que la corrupción en el Perú ha ido aumentando, y en estos se han visto involucrados personajes cada vez más cercanos a los más altos niveles de poder.

 Pero, también, plantea al gobierno la necesidad de evaluar realmente su actuación en materia anticorrupción, además, de la implementación del Programa Umbral Perú que provee de más de 35 millones de dólares y de cuyo éxito depende que el Perú pueda acceder a otros financiamientos para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de todos y todas.

 El gobierno debe recordar que, en materia anticorrupción, se necesitan acciones concretas y consecuentes; y no simples discursos y gestos sin legitimidad.

Así lo advirtió ayer la representante del Grupo Anticorrupción, Inés Arias, quien dijo que si realmente el jefe de Estado quiere dar una muestra de transparencia primero debe derogar el paquete de normas dada por su gobierno a favor de las grandes inversiones en el marco del Estímulo Económico, como forma de agilizarlas en el rubro de infraestructura.

Explicó que mediante estos mecanismos normativos se limitó la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República. Es más, aclaró que de ser sincero el pedido del presidente, el mismo debe concretarse en una norma y no en meras palabras que se las lleva el viento.

Del mismo modo, resaltó que si el ánimo presidencial es denotar transparencia entonces tendrá que aprobar el Proyecto de Ley presentado por el Partido Nacionalista que establece el Juicio de Residencia y así tras el término de su mandato tendría que permanecer en el país por lo menos cinco años después, mientras es investigado.

Arias recalcó que en el hipotético caso que el gobierno norme la solicitud planteada por el mandatario para que la Contraloría investigue los cuatros años de su gobierno, se sabe que es poco probable que en un año que queda de su gobierno, el organismo fiscalizador, que carece de un control efectivo por sus carencias presupuestales y otras falencias, pueda investigar a todos los órganos que dependen del Ejecutivo.

Durante la ceremonia de promulgación de la Ley que incorpora de manera progresiva los Órganos de Control Institucional (OCI), que dependen de las entidades públicas, a la Contraloría, el jefe de Estado anunció ayer el envío al Congreso de un Proyecto de Ley para que Contraloría General de la República supervise al Parlamento, Banco Central de Reserva, gastos de Defensa y a las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, la representante del Grupo Anticorrupción expresó su temor de que la opinión pública sea impedida de acceder a información sobre las entidades del gobierno de concretarse una investigación por parte de la Contraloría.

Empero Arias saludó la promulgación de la Ley que incorpora progresivamente los Órganos de Control Institucional (OCI) al seno de la Contraloría pues permitirá que todos los organismos del Estado y los autónomos sean investigados.

García pidió a la Contraloría que investigue y escudriñe lo sucedido en los últimos cuatro años de gobierno, y presente una auditoría que permita sancionar cualquier eventual acto de corrupción. Aseguró que se tomarán las medidas sancionadoras correspondientes “cualquiera sea el apellido (…) o el partido al que pertenezcan” los eventuales infractores.
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 La referida base de datos es el resultado de una investigación dedicada a recopilar información publicada en diversos medios de comunicación sobre casos de corrupción ocurridos en Argentina, Chile, México, Colombia, Brasil y Perú.  

 Según puede verse en el resumen de casos ocurridos en nuestro país, pese a que los hechos ocurrieron desde 1995, los medios pudieron hacerlos públicos entre 1999 y el 2008.

 De los 40 casos registrados en el Perú, 16 están referidos a actos que involucran sólo a funcionarios del Estado; mientras que 24 involucran también a representantes del sector privado. De estos, los sectores económicos vinculados a los actos de corrupción son: Medios de Comunicación (7), Industria Bélica (3); Industria Automotriz (3), Servicios Financieros (3); Industria Petrolera (3), Construcción (2) mientras que la Industria Pesquera, la Forestal y de Servicios Básicos presentan un caso cada una.

 Algunos casos resaltantes consignados en el listado son:

•  Vladivideo Schultz – Montesinos.- Hecho ocurrido en 1999, publicado en 2001.
• Caso Alcalde del Callao Alex Kouri (Caso Vía Expresa).- Hechos ocurridos entre 1999 y 2006, publicado en 2007
• Banco de Materiales.- Hechos ocurrido entre 2005 y 2008; publicado en 2008.
• Compra de Armas por la Marina Peruana (que involucra al vicepresidente Luis Giampietri).- Hechos ocurridos entre 1995 y 1997; publicado en 2006.
• Petrogate (Venta de Lotes a DPI – Rómulo León Alegría).- Hechos ocurridos entre 2008 y 2009; publicados 2008.

 Cabe resaltar que los casos consignan los presuntos delitos cometidos, entre los que hallamos Asociación Ilícita para Delinquir, Enriquecimiento Ilícito, Peculado, Malversación, Obstrucción de la Justicia; entre otros. También, existe una mayor prevalencia de la participación de funcionarios de alto y medio nivel tanto en el sector público como privado.

 La base de datos está disponible en: www.transparenciacdh.uchile.cl; y a la información con el detalle de los casos peruanos se puede acceder a través de: http://www.transparenciacdh.uchile.cl/corrupcion/pdf/Casos_Peru.pdf

Según indica el portal de la Universidad de Chile, contaron, con la Asociación Civil Transparencia en la investigación sobre financiada por Fundación Open Society Institute y de la Fundación Ford.

En declaraciones exclusivas para Corrupción en la Mira, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) habló de la transparencia en los gastos de defensa propuesta por el Estado peruano, el uso del “secreto militar” en los países de la región para limitar el acceso a información y de la obligatoriedad de implementar la recomendaciones del MESICIC.

Aunque el Secretario General de la OEA afirmó que los países ya no utilizan la figura del “secreto militar” y que han avanzado en la transparencia de sus gastos en Defensa – tal como planteó Perú y se aprobó en la Declaración de Lima en la reciente Asamblea General del organismo regional -, no pudo evitar la sorpresa al ser consultado sobre el caso peruano, donde se limita el acceso a información bajo el argumento de secreto de defensa. “No estaba enterado, habrá que estudiar cada caso”, respondió Insulza.

Por otro lado, recordó que la realización en Lima de la Conferencia Hemisférica Anticorrupción buscaba recoger e intercambiar información sobre la lucha anticorrupción en los países de la región y que en los próximos meses se verán los resultados.

Por su lado, recordó que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción era vinculante y por lo tanto todos los países “están obligados a cumplir” sus recomendaciones. Cabe mencionar que el Perú habría incumplido la implementación del Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del MESICIC, el que pese a haber sido elaborado en el 2007  no ha sido tomado en cuenta para el Plan Nacional de Lucha contra la corrupción; a diferencia de otros países como Uruguay cuyo Plan Nacional es el Plan de Acción elaborado en colaboración con la OEA.

Finalmente, el Secretario General de la OEA indicó que la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, pese a ser una buena norma es sólo una “sugerencia” para los Estados, pero no se les puede obligar a implementarla. La norma tendría como objetivo estandarizar el acceso a la información de los ciudadanos ya que existen países de América Latina que no cuentan con una norma que permita a sus pobladores exigir información sobre el manejo de los recursos del Estado.

En el marco de la misión continental que vive la Iglesia que peregrina en América Latina y El Caribe, el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano ha celebrado en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, el Seminario Internacional sobre Corrupción, los día 7 al 11 de junio de 2010 con el objetivos de actualizar la información sobre la corrupción en las Américas y sus conexiones internacionales y nacionales, para establecer conclusiones, desafíos y líneas de acción pastoral y de colaboración de la Iglesia con la sociedad civil en vistas a dar pautas para unir esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el Continente.

Han participado en este encuentro Obispos, agentes pastorales, representantes de la sociedad civil y servidores públicos de 16 países de América Latina y El Caribe. Se trabajó en un ambiente de fraternidad, sencillez y ánimos de brindar un eficiente servicio para buscar caminos comunes que nos permitan luchar contra este flagelo que azota a nuestros países y frena el desarrollo de nuestros pueblos, siendo los pobres los más perjudicados con este mal.

La agenda del encuentro estuvo marcada por la metodología del ver, juzgar y actuar. Las primeras jornadas estuvieron marcadas para ver la situación, causas y consecuencias de la corrupción en la Américas. Las jornadas siguientes se orientaron en hacer una iluminación desde la Doctrina Social de la Iglesia y buscar caminos de trabajo pastoral de la Iglesia en su servicio al mundo desde la Buena Noticia de Jesucristo, como es característica de su misión.

Se enfatizó que la corrupción entendida como uso y abuso del poder público y privado para uso y beneficio personal o privado, está ahí, aunque es difícil de definirla, medirla o describirla de modo unívoco por la multiformidad de sus manifestaciones, podemos medir la percepción que de ella se tiene en la sociedad. El entorno que se vive es caldo de cultivo para que la corrupción vaya creciendo desmedidamente. Muchas son las causas que la generan, entre las que se mencionó al efecto imitación, a la crisis de valores que viven nuestros pueblos, la falta de voluntad política para castigar este mal, los bajos salarios, anacronismos administrativos, entre muchas otras que se mencionaron.

Urge establecer mecanismo de control para la superación de este mal implementando planes de formación ética y de valores en los ciudadanos. Necesitamos trabajar en equipos y de modo coordinado con las iniciativas de la sociedad. La Iglesia Católica debe establecer alianzas con otras organizaciones para hacer presencia internacional en la lucha contra la corrupción. Debemos recuperar el valor de la palabra que se ha perdido en nuestras culturas, erradicar los mitos que se han creado y han debilitado los valores de los ciudadanos.

Se valoró el trabajo de la Iglesia que  ha dado muestras de apoyo efectivo en la lucha contra la corrupción formando en valores, estableciendo alianzas, posibilitando el acceso a la información. Es posible hacer el esfuerzo de trabajo conjunto para erradicar este mal que está minando seriamente las estructuras de la sociedad. No hemos perdido la esperanza en la búsqueda de soluciones a los problemas que existen en la sociedad, por lo tanto no podemos quedarnos inactivos en la contemplación de aquellas cosas que podemos cambiar desde un serio compromiso que surge desde la fe. Se subrayó.

 1.- La corrupción que vive nuestro país no la constituyen casos aislados ni hechos fortuitos, responde principalmente a una sistemática “privatización” de la función y de las políticas públicas que atentan contra el desarrollo del país, sobreponiendo el interés de algunos grupos de poder político y económico a través de la promulgación de normas lesivas al interés nacional

 2.- Los escándalos de corrupción sólo constituyen el reflejo de una realidad que va más allá de simples hechos o denuncias puntuales ya que está firmemente vinculada a la implementación de modelos y la formación de una legislación permisiva y flexible. Por lo tanto, la corrupción debe ser entendida como un problema sistémico e integral que debe ser afrontado de manera efectiva, decidida y sostenida.

 3.- La lucha contra la corrupción no pasa sólo por discursos y gestos frente a cada denuncia o escándalo que se conoce, tampoco puede estar centrada sólo en mejorar los niveles de credibilidad y percepción ciudadana. Menos sostenerse en la suscripción de “pactos” que la experiencia ha demostrado no pasan de ser simples saludos a la bandera. En nuestro país, hasta el momento el combate a la corrupción está plagado de “avances formales”  y graves y serios retrocesos reales.

 Algunos ejemplos de lo sostenido:

•  Mientras que el Poder Ejecutivo ha creado la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y viene supuestamente implementando un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción;  por otro lado, ha emitido una serie de Decretos de Urgencia reduciendo la capacidad de fiscalización y control de la Contraloría General de la República en el marco de los cuales se han dado una serie de cuestionadas concesiones.
•  El Presidente del Poder Judicial – a su vez Presidente de la Comisión de Alto Nivel – sostiene, en reiterados discursos, su compromiso con el combate a la corrupción al mismo tiempo que ha ido desarticulando los juzgados y salas anticorrupción, así como la Unidad de Ética Judicial encargada, entre otras cosas, de fiscalizar el patrimonio de los magistrados.

 4.- La lucha contra la corrupción requiere de una política de Estado que establezca un Sistema Nacional Anticorrupción autónomo y que permita combatir, prevenir y sancionar efectivamente la corrupción en todos sus niveles, desde la corrupción “cotidiana” hasta la denominada corrupción legal o “captura” del Estado. Ello, en el marco de una cabal y real implementación de los tratados internacionales de los que el Perú es parte en la materia.

 5.- El Grupo de Trabajo contra la Corrupción considera que algunas medidas concretas que permitirían revelar la verdadera voluntad de luchar contra la corrupción son:

 a)     El establecimiento de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios del Estado, como lo propone la Iniciativa Legislativa Ciudadana que viene recopilando la firma de ciudadanos y ciudadanas cansados de la impunidad de quienes cometen actos de corrupción en el Perú; medida también contemplada en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, presentado por el actual Gobierno en diciembre de 2008.  

b)     La derogatoria de las normas que han reducido la capacidad de la Contraloría General de la República de fiscalizar y supervisar la gestión de los procesos de concesiones, contrataciones y adquisiciones del Estado.

c)     El reestablecimiento y fortalecimiento de juzgados, salas y fiscalías anticorrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

d)     La priorización en el debate legislativo de todos los proyectos de ley vinculados a la lucha anticorrupción, como lo ha recomendado la Comisión Especial de Seguimiento al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del Congreso de la República.  

e)     El establecimiento de inhabilitación temporal, para contratar con el Estado, Peruano a aquellas personas naturales o jurídicas que estén siendo procesadas o investigadas por haber participado en actos de corrupción.

f)       El establecimiento de la prohibición temporal de postular a cargos públicos de aquella s personas procesadas o investigadas por actos de corrupción.

 6.- La sociedad civil está llamada a cumplir un rol fundamental en el combate contra la corrupción. Dicho rol debe ser asumido con total compromiso y responsabilidad. Por ello, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción reitera su voluntad de vigilar la labor del Estado así como de generar propuestas que permitan reducir los niveles intolerables de corrupción existentes en el país.

 7. – Convocamos a todos los peruanos y peruanas a sumarse en esta lucha constante y sin concesiones por erradicar todo tipo de corrupción en nuestro país. A exigir que los actores políticos y estatales dejen de lado los discursos generales y gestos vacíos para pasar a las acciones concretas y efectivas para combatir este flagelo y la impunidad de sus ejecutores.

 Lima, 3 de junio del  2010

La corrupción pone el interés de unos pocos por encima del interés nacional. La corrupción es una forma de inequidad, discriminación y agudiza la exclusión.

Sólo una muestra de la elocuencia de Patricia del Río: “Hay un tipo de diferencia en nuestro país que no necesariamente está ligado a la mala distribución de la riqueza o a la pésima suerte de vivir a más de 3,500 metros de altura. Se trata de una brecha que se alimenta de la tóxica y vieja creencia de que el Perú tiene dueños.

¿Qué podemos pensar, sino, cuando escuchamos al mafioso Alberto Quimper abogando ante el señor Daniel Saba por los amigotes del entonces premier Jorge del Castillo? ¿Acaso el Estado funciona con la misma eficiencia para todos los peruanos? ¿Es tan ciudadano el dueño de la petrolera Monterrico como el poblador de Islay que bloquea la carretera? ¿Están igual de abiertas las puertas del Congreso de la República para los aguarunas que para las autoridades de la Universidad Alas Peruanas? ¿Alguien les consulta a los pobladores de Cocachacras antes de concesionar sus tierras para la minería?
Empresarios, políticos y autoridades saltan hasta el techo cuando un grupo de pobladores toma una vía pública para ser escuchado. Y hacen bien en indignarse. El bloqueo es un delito que atenta contra la vida de miles de víctimas inocentes, y debemos condenarlo siempre. Pero, ¿acaso hemos visto al señor Briceño, de la Confiep, encenderse de cólera porque determinados empresarios se meten por la puerta falsa del Estado para que se legisle a su favor?”

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Grupo de Trabajo contra la Corrupción busca iniciar una campaña ciudadana que obligue al Alcalde de Lima a informar sobre el manejo del presupuesto de la comuna capitalina.

El Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) solicitó, está mañana, acceder a información vinculada a “los Estados financieros de la Municipalidad de Lima Metropolitana y alguno de sus programas; así como también los balances y otros documentos relacionados a la utilización del presupuesto de la Municipalidad para la ejecución de determinados proyectos”.

 El Grupo de Trabajo contra la Corrupción determinó realizar el pedido de información – al amparo de la Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información – a raíz de los serios cuestionamientos del presunto manejo irregular de los fondos municipales; así como al tomar conocimiento de la negativa reiterada del Municipio de entregar información a sus propios funcionarios sobre la ejecución de obras públicas.  

 La solicitud de información realizada por el G.T.C.C. busca generar una campaña ciudadana que obligue al Alcalde de Lima a entregar la información y responder a los graves cuestionamientos y denuncias sobre posibles irregularidades en la ejecución de las obras públicas.

 Por ello, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción está solicitando la entrega de:

 a) Estados financieros de la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 2006 al 2009; con sus respectivas notas.

b) Balances de EMAPE y Pro Transporte de 2006 al 2009.

c)  Estados del Fideicomiso de la Cuenta Peaje.

d) Informes de la Oficina de Finanzas de la MML sobre Balances Pro Transporte;

e) Acuerdos del Consejo y Dictámenes  que aprobaron los incrementos de las obras del Proyecto Metropolitano (Febrero 2006, Octubre 2008, Octubre 2009 y Marzo 2010).

f)  Presupuesto Final y detallado por rubro del Programa de Transporte Urbano de Lima.

 Buscando generar una reacción ciudadana de ejercicio de nuestro derecho de tener información sobre el manejo de los fondos públicos y las acciones del Estado; El Grupo de Trabajo contra la Corrupción difundirá el formato de la solicitud en su portal de Internet www.corrupcionenlamira.org; así como en otros espacios, para que los habitantes de Lima puedan remitir pedidos similares a la Municipalidad de Lima Metropolitana.

 Finalmente, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción considera que el ejercicio del derecho ciudadano de aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información debe contribuir a acabar con el silencio y la opacidad con la que la Municipalidad de Lima viene manejando los fondos públicos.

Lima, 14 de abril de 2010