Para  el Grupo de Trabajo contra la Corrupción aprobación de dictamen representa cambio sustancial con parlamentos anteriores y expresaría voluntad política.

Las instituciones miembro del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) calificaron como “un importante primer paso” la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que, en la víspera, aprobó la reforma constitucional para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción.

Para el GTCC está decisión evidenciaría la voluntad política que en gestiones anteriores no hubo. Recordaron que, desde el 2001 hasta la fecha existían más de 50 proyectos de ley planteados por diferentes bancadas y que no fueron siquiera colocados en la agenda parlamentaria. Además, la imprescriptibilidad es una exigencia ciudadana que, desde el 2009, tiene movilizada a la población nacional en una recolección de firmas para una iniciativa legislativa en este sentido.

La imprescriptibilidad debe responder a quienes han convertido la figura de la prescripción como una herramienta para la impunidad.

Más de 100 personas procesadas por actos de corrupción cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, se han beneficiado de esta figura, según corroboró el GTCC. Esta información fue puesta en conocimiento de la comisión parlamentaria durante la exposición de la red de sociedad civil el pasado martes 13 de setiembre.

El GTCC recordó, además, que la imprescriptibilidad fue una promesa de campaña de varias tiendas políticas. Los líderes de Solidaridad Nacional, Alianza Para el Gran Cambio, Gana Perú y Perú Posible respaldaron esta modificación como una “medida de prevención” durante las elecciones de abril pasado, tal como registró una encuesta realizada por el IDL – integrante del GTCC -. Asimismo, resaltaron que tanto el discurso presidencial de 28 de julio como el del Presidente del Consejo de Ministros (25 de agosto) incorporaron esta medida en sus prioridades de Estado.

Por otro lado, indicaron que la declaración de la imprescriptibilidad constituye un “importante primer paso”, que debe llevar a un debate serio y profundo sobre políticas públicas realmente efectivas para avanzar hacia un país sin corrupción y cumplir nuestros compromisos internacionales en la materia.

Finalmente, los miembros del Grupo de Trabajo contra la Corrupción señalaron que esperan que el debate en el Pleno del Congreso sobre este tema se priorice, que los parlamentarios demuestren su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción y que las bancadas honren sus promesas de campaña en esta materia.

Lima, 21 de setiembre de 2011

Propuesta de imprescriptibilidad del GTCC fue detallada ante miembros de Comisión de Constitución del Congreso.

El Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) expuso propuestas sobre imprescriptibilidad ante Comisión de Constitución del Congreso. La presentación constituye la apertura a la participación de la sociedad civil en las decisiones legislativas en materia anticorrupción.

Carlos Rivera y Giancarlo Castiglione, representantes del colectivo ciudadano, detallaron a los miembros de la Comisión de Constitución la posición y fundamentos de la propuesta para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que, desde el año 2009, viene impulsando el Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

Castiglione, también coordinador de la Red Jubileo, indicó en su alocución que su organización considera que “la prescripción se ha convertido en una herramienta para la impunidad.” y sustentó dicho percepción en las cifras reveladas por el Procurador AD Hoc para los casos Fujimori – Montesinos hace unos días en Alerta Perú. “Más de 100 procesados por actos de corrupción cometidos en la década de los 90 se han acogido a esta figura sólo en el 2010 y 55 personas se encuentran prófugas de la justicia esperando que se cumplan los plazos de prescripción para evadir la acción de la justicia”, remarcó.

Por su parte, el abogado Carlos Rivera – del Instituto de Defensa Legal – preciso el contenido de la propuesta de reforma constitucional del GTCC. “Resulta imprescindible que la lucha contra la corrupción sea un elemento central de la acción del Estado, un elemento central de la acción pública y consecuentemente, sea parte sustancial del accionar del día a día de las instituciones que comprenden el Estado”, expresó Rivera al inicio de su alocución.

En ese sentido, indicó que “el activismo anticorrupción postergó un debate más jurídico y constitucional sobre la lucha contra la corrupción”. La modificatoria constitucional se hace necesaria toda vez que “hay una norma constitucional que establece los rangos de prescripción, que es el art. 41. Nosotros consideramos que es necesario mejorar la redacción de de ese artículo de la Constitución, sobre la base de criterios de política de Estado”, explicó.

Asimismo, remarcó que se considera necesario que “el Estado peruano debe mostrar la voluntad de persecución hasta que sea detenido y puesto a derecho aquel que comete ese delito (de corrupción)”.

Rivera recordó que, existen más de 50 proyectos de ley en los últimos años que “demuestran la tendencia a ofrecer una solución legal y constitucional en cuanto al tema de corrupción”.

Por otra parte, Giancarlo Castiglione señaló que “el marco de nuestro trabajo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, consideramos que implementar medidas como la imprescriptibilidad nos permiten avanzar en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en cuanto a voluntad de combatir eficazmente la corrupción”. Asimismo, recordó que, según los dos últimos Contralores Generales, “aproximadamente entre el 10% y 15% del Producto Bruto Interno se pierde a causa de la corrupción” para graficar el impacto de este tipo de delitos en el desarrollo del país.

Ambos representantes del GTCC se mostraron a favor de establecer “una delimitación de tipo penal en torno a los delitos y el nivel de funcionarios que serían pausibles de ser imprescriptibles”; del igual modo, coincidieron con los parlamentarios en la necesidad de mirar el tema de la lucha anticorrupción como un problema integral y de incluir en la normativa a los “corruptores”, que son quienes promueven el acto de corrupción y se benefician del mismo.

A su turno, los parlamentarios de Fuerza 2011 expresaron su preocupación de que la norma se convierta en una herramienta de persecución permanente; mientras que el congresista Javier Bedoya (APGC) llamó la atención sobre prevenir que “la pasión gobierne a la razón” y que se establezcan normas que respondan a determinados nombres o personas y no que respondan adecuadamente a los problemas.

Marisol Perez Tello (APGC) agradeció la presencia del GTCC – sugerida por ella misma – y expresó su preocupación sobre cuidar que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no debiliten a lo establecido en casos de Derechos Humanos.Mientras que, Víctor Andrés García Belaúnde (AP) expresó que no considera que la no prescripción sea una medida eficaz para combatir la corrupción.

Javier Diez Canseco (NGP), por su parte, resaltó la necesidad de establecer la imprescriptibilidad y descartó su apoyo para una reforma que sólo amplie los plazos. Asimismo, reitero su pedido para que el debate en esta materia no se alargue eternamente como ocurrió en el pasado. Finalmente, Rivera y Castiglione, del GTCC, expresaron su disposición a aportar y contribuir con mayores elementos al debate que desarrolla la Comisión de Constitución, respondiendo así a un pedido de diversos parlamentarios.

Tomado de Alerta Perú.

Medidas anticorrupción anunciadas en discurso de Premier deben ser implementadas. (RPP)

Las organizaciones que componen el Grupo de Trabajo contra la Corrupción saludaron la inclusión de medidas concretas para combatir la corrupción en la presentación del Consejo de Ministros, aunque señalaron que, aún falta tener una mirada integral del problema.

El coordinador de la Red Jubileo Perú – integrante del GTCC- Giancarlo Castiglione Guerra, remarcó como el anuncio “más importante” el de la reforma constitucional para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios públicos.

Desde el año 2009, la red anticorrupción de sociedad civil viene impulsando una campaña de recolección de firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Ciudadana que pretende establecer, justamente, la imprescriptibilidad para los actos de corrupción que cometan los funcionarios de más alto nivel.

Para Castiglione, el discurso brindado ayer por el Presidente del Consejo de Ministro mostraría una “línea, podríamos decir, de coherencia entre el discurso de la campaña, el discurso presidencial y ahora el del Premier; para que hay una voluntad de combatir la corrupción.”

El Grupo de Trabajo contra la Corrupción consideró que le corresponde, ahora, al Congreso de la República evidenciar la voluntad de implementar medidas contra la corrupción. Por ello, exigió la priorización en el debate parlamentario de la imprescriptibilidad “este no es un tema de partidos, es la agenda del país”, refirió Castiglione.

No obstante, lo positivo del discurso, para el colectivo de sociedad civil aún está pendiente una mirada más integral en materia anticorrupción. “Nosotros planteamos la necesidad establecer un Sistema Nacional Anticorrupción, pero, las medidas anunciadas deben abrir la puerta a planteamientos más orgánicos e integrales que serán un segundo y definitivo paso en la lucha contra la corrupción en el país”, explicó el representante del GTCC.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción manifestó que es necesario realizar una investigación de los actos de corrupción cometidos por el régimen de Alan García, así como “de las medidas normativas dictadas para facilitar la inversión pero que terminaron reduciendo los mecanismos de control”.

Asimismo, se exhortó al gobierno de Ollanta Humala a corregir los nombramientos cuestionados de diversos personajes vinculados a presuntos actos de corrupción cometidos por regimenes pasados, como es el caso del nuevo gerente del Banco de la Nación o el asesor presidencial Eduardo Roy Gates.

Finalmente, el colectivo reafirmó que es fundamental la participación de la ciudadanía para garantizar el cumplimiento de las medidas anunciadas, “la lucha contra la corrupción es tarea de todos y no sólo de los funcionarios o autoridades”, indicaron.

Lima, 26 de agosto de 2011

1. Si bien la norma penal contiene cambios que pueden ser considerados positivos en la línea de proponer una política de persecución de la corrupción —tal como el aumento de penas de algunos delitos y la incorporación del delito de soborno internacional pasivo (artículo 393-A)— también establece un conjunto de medidas negativas que terminan por neutralizar esos aspectos positivos y la convierten en una ley que puede dejar impune delitos que afectan la administración pública.

2. La ley Nº 29703 modifica negativamente el delito de colusión. Anteriormente, las normas sancionaban al funcionario corrupto que concertaba con terceros para defraudar al Estado de forma amplia (robarle dinero o engañarlo de distintas formas). Con la nueva redacción sólo se cometerá delito de colusión solo si existe un perjuicio económico en agravio del Estado. Esta peligrosa modificación dejaría sin sanción a los funcionarios que, pese a que actuaron de manera indebida e irregular al coludirse con un tercero y recibieron dinero por ello, por el hecho que esa conducta no genera un daño patrimonial al país. Así, se cambia el sentido de la norma, que es la defensa de la correcta actuación del funcionario público, generando impunidad para estos actos e, indirectamente, validando la teoría de que “la plata llega sola”.

3. Igualmente, existen retrocesos en cuanto a la pena accesoria de inhabilitación para quien tiene la condición de funcionario público. En la nueva redacción del delito de enriquecimiento ilícito (art. 401) se elimina la pena de inhabilitación. Si bien se argumenta que existe una disposición contemplada en el artículo 426º que resulta aplicable a todos los delitos contra la administración pública, también es cierto que dicha disposición solo establece una pena de máximo tres años de inhabilitación, aún cuando el funcionario público haya sido sancionado por una de las figuras agravadas de los delitos de ese capítulo. Ciertamente resulta un poco sospechoso que se haya producido una modificación de esta envergadura, limitando al máximo la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación en los delitos de enriquecimiento ilícito, justamente cuando la ex candidata a la presidencia y actual congresista Keiko Fujimori Higuchi, viene siendo investigada por este delito a nivel del Ministerio Público.

4. De igual modo, en cuanto al tipo penal de tráfico de influencias, la exigencia de la nueva ley para que esta sea “real”, determina que en muchos casos la solicitud de beneficios económicos por parte de un funcionario para facilitar gestiones, contratos o negocios con otros funcionarios cuando no tiene una influencia cierta y efectiva, dejarán de ser perseguidos penalmente, con lo cual la propia ley termina favoreciendo una conducta indebida e ilegal de parte de quien tiene la condición de funcionario público.

5. Dada la complejidad del flagelo de la corrupción, todas las convenciones internacionales existentes establecen que los delitos en esta materia deben ser tipificados de forma amplia y abierta a fin que el juzgador pueda tener margen de acción. Incluso, específicamente en el Artículo XII de la Convención Interamericana Contra La Corrupción de la OEA, de la que el Perú es parte,  se establece que para la aplicación de los delitos por corrupción que refiere dicho Tratado “no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado”.

6. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia (0019-2005-PI/TC y 0005-2006-PI/TC) ha establecido que la lucha contra la corrupción es un bien constitucional que hay que priorizar, hecho que las normas cuestionadas no estarían cumpliendo.

7. Ante lo expuesto, coincidimos con la opinión de diversos juristas y de la Defensoría del Pueblo: es evidente que algunas de las normas de la ley Nº 29703 van en contra de las políticas anticorrupción que desde un inicio se han pedido establecer al gobierno y que constantemente ha incumplido.

8. No es un argumento válido que esta ley fue propuesta por el Poder Judicial, ya que se ha demostrado en diversos informes que, justo en las partes cuestionadas, la misma ha sido modificada por la Comisión de Justicia a pedido de su presidente el congresista fujimorista Rolando Souza.

9. A su vez, nos sorprende la rapidez de la aprobación de estas modificatorias al Código Penal, mientras que proyectos de ley, mucho más antiguos y realmente trascendentes  para la lucha anticorrupción en nuestro país no se hayan priorizado en las Comisiones y en el Pleno. Por ejemplo, el proyecto de Ley Nº 3422, para establecer la prohibición permanente para que personas condenadas por delitos contra la administración pública reingresen al Estado. Está pendiente desde el 24 de agosto de 2009, y hasta hoy no se ve en el Pleno. Otros son el conjunto de proyectos de ley sobre imprescriptibilidad de delitos contra la corrupción, desde el 2001 se han presentado más de 40, y durante este Congreso 10, pero ninguno pasó de la Comisión de Justicia.

10. En consecuencia, exhortamos al Congreso de la República a modificar la ley Nº 29703 y a todos los magistrados del país que, ante posibles pedidos de procesados y condenados por corrupción para acogerse a esta normatividad, inapliquen la norma por ser inconstitucional, mediante el control difuso, conforme establece el artículo 138 de la Constitución.

Lima, 15 de junio de 2011

Leer Informe en Versión Electrónica.

Grupo de Trabajo contra la Corrupción pone a disposición de periodistas, autoridades y ciudadanía en general documento de análisis y propuesta sobre la problemática anticorrupción en nuestro país.

Con el objetivo de ampliar la difusión del Informe Anual sobre la Lucha contra la Corrupción en el Perú 2010, que permite conocer la situación actual, casos, deficiencias, herramientas y compromisos de nuestro país en la materia; el Grupo de Trabajo contra la Corrupción lanza la versión electrónica de dicho documento.

La versión electrónica permitirá la reproducción y revisión de manera más dinámica del Informe que fue presentado en diciembre de 2010, y cuya principal conclusión es que “los avances existentes en materia de lucha contra la corrupción iniciados a fines del año 2000, se habrían detenido y en algunos casos se habría retrocedido. Desde el gobierno central no se habría considerado el problema de la corrupción y su lucha como un tema de prioridad para el Perú.”, como señaló en su momento la coordinadora de este espacio, Inés Arias.

Entrevistas a la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán; a los periodistas Herbert Mújica y Raúl Wiener; se podrán revisar en el documento para tener una visión amplia del uso indebido de las querellas por difamación para amedrentar a quienes denuncian actos de corrupción. También, el lector podrá encontrar una extensa entrevista con Guadalupe Cajías, coordinadora de Movida Ciudadana Anticorrupción de Bolivia y ex Presidenta del Grupo de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); donde se explica la importancia de la Convención y los pendientes en el cumplimiento de estos compromisos internacionales.

Entre otros temas, se plantean las propuestas de la sociedad civil para avanzar en una lucha real contra la corrupción. Por ejemplo, con relación al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción que no está vigente ni aprobado legalmente; se plantea un primer alcance para iniciar el debate de un Plan Nacional Estratégico y un Sistema Nacional Anticorrupción para revertir hechos como los constatados por el Informe: “dentro del gobierno no existiría un nivel de coordinación y acuerdo sobre qué estrategias u objetivos van a seguir todos los órganos vinculados a la lucha contra la corrupción a pesar de que todos estos organismos de supuesta coordinación se encuentran adscritos a la misma Presidencia del Consejo de Ministros”.

La versión electrónica es lanzada para complementar la información contenida en la versión impresa del Informe Anual, toda vez que por limitaciones de espacio hubo documentación, artículos y otros textos de interés que no pudieron ser incluidos. Con esto, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción busca ampliar el debate ciudadano sobre cómo afrontar efectivamente la corrupción en todas sus modalidades y condiciones.

Se espera que está sea una herramienta útil para los profesionales que, como los periodistas, requieren de información veraz, análisis acertados e insumos que permitan profundizar y descifrar los hechos vinculados a la compleja problemática que la corrupción, sus causas, modalidades e impactos generan para el país y el mundo.

La versión electrónica puede ser encontrada en:

http://www.corrupcionenlamira.org/portal/wp-content/uploads/2011/05/INFORMEANUAL_LCC_PERU2010.pdf

http://issuu.com/prensagtcc/docs/informeanualanticorrupci_n2010

Los candidatos congresales Omar Chehade (Gana Perú), Dante Castro (Despertar Nacional) y Alberto Otárola (Fuerza Social) coincidieron en señalar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y las limitaciones a la inmunidad parlamentaria para que no sea utilizada como un escudo frente a la acción de la justicia como las principales propuestas concretas en materia de lucha contra la corrupción.

Los representantes de tres de las 11 fuerzas políticas que disputan el sillón presidencial, asistieron esta mañana al Colegio de Abogados de Lima para participar en el Foro “Elecciones 2011: Propuestas de Lucha contra la Corrupción” organizado por la Dirección de Defensa Gremial del CAL y el Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

Según Chehade, un punto central en el plan de gobierno de Gana Perú es la constitución de una Comisión de la Verdad sobre los casos de corrupción “de los últimos 20 años, conformada por 9 miembros”, los cuales deben ser personas “independientes y con una trayectoria intachable”. Esta Comisión es fundamental porque “cómo le podemos exigir al pueblo que vote bien (…) si nadie sabe exactamente quiénes fueron las personas que le metieron la mano al bolsillo a los ciudadanos”.

Sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el también candidato a la segunda vicepresidencia por Gana Perú recordó el caso de Alan García quien “se fue a Paría y compró una lujosa residencia (…) que nadie sabe cómo la compró y después regresó de la manera más oronda a postular a la Presidencia de la República, acogiéndose a la prescripción”.

Por su parte, Dante Castro – candidato al Congreso por Despertar Nacional – indicó que la participación de la ciudadanía es fundamental para garantizar el éxito de las políticas anticorrupción. “Habría que imaginarse una cosa que comprometa más a la sociedad civil en lo que son decisiones políticas de gobierno. Si no creamos órganos del poder popular en los cuales se ejerza la democracia abierta de masas, no se va a poder paulatinamente sustituir esa democracia representativa que cada vez se está desgastando más ante los ojos del pueblo”.

Castro aseveró que la imprescriptibilidad debe ser establecida para evitar que ocurran casos como el de García que regresó a la Presidencia de la República pese a estar acusado “de corrupción y crímenes de lesa humanidad”. Adicionalmente, Castro indicó que la inmunidad parlamentaria “se ha convertido en impunidad” y por eso debía ser eliminada.

Sobre este punto,  Alberto Otarola – candidato al Parlamento por Fuerza Social – explicó que su partido plantea el retorno a la intención original de la inmunidad pensada sólo para aquellos parlamentarios “que cumplen funciones de fiscalización” y para proteger sus “opiniones sobre quienes fiscalizan”. Además, indicó que esta figura se ha distorsionado al usarse retroactivamente, “si yo tengo el favor de los votantes y salgo elegido, la inmunidad funciona desde el 28 de julio pero no para los delitos que se puedan cometer antes.”

Finalmente, Otárola indicó que se debe revisar el rol de los actores privados y tener mucho cuidado con quienes son los proveedores del Estado. Recordó la reciente denuncia de la Alcaldesa de Lima sobre la función de “service” de la OIM, que habría “distorsionado su propia carta constitutiva” y que no pueden ser fiscalizados. “Estas cosas deben ser revisadas con mucho cuidado”.

Los candidatos congresales, además, garantizaron que sus partidos tiene la voluntad política para impulsar una efectiva lucha contra todos los tipos de corrupción que se presenten en el País.

Lima, 16 de Marzo del 2011

Leer Compromiso Público Anticorrupción

Seguir transmisión en vivo

Además, candidatos al Congreso firmarán Compromiso Público Anticorrupción que contiene 13 acciones concretas exigidas desde la Sociedad Civil.

Este miércoles 16 de marzo, desde las  11 a.m., candidatos de los partidos que buscan acceder a la Presidencia de la República participarán en el Foro “Elecciones 2011: Propuestas de Lucha contra la Corrupción” que organizan el Grupo de Trabajo contra la Corrupción y el Colegio de Abogados de Lima.

El Foro tiene como objetivo que la ciudadanía conozca las propuestas concretas de políticas e iniciativas anticorrupción que los partidos políticos que aspiran llegar al poder implementarían de ganar las elecciones de abril próximo.

Asimismo, luego de la exposición de propuestas, los candidatos presidenciales junto con sus representantes de la listas congresales suscribirán el Compromiso Público de Iniciativas Anticorrupción que estipula alrededor de 13 medidas concretas a implementar de llegar a la Presidencia de la República o por parte de las futuras bancadas parlamentarias.

La temática del Foro – que se llevará a cabo en el Auditorio José León Barandiarán del CAL, ubicado en la Cdra. 2 de la Av. Santa Cruz, Miraflores -; estará dividida en dos ejes principales: i) Políticas de Lucha contra la Corrupción; y ii) Medidas inmediatas.

El primer eje está vinculado a las propuestas sobre Planes Estratégicos y el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, autónomo y que permita construir políticas a mediano y largo plazo que respondan a todas las modalidades de la corrupción, desde la corrupción “cotidiana” hasta la denominada “corrupción legal”. Mientras que el segundo eje está referido a temas concretos como: Imprescriptibilidad de Delitos de Corrupción, Gestión de Intereses, Sistemas de Inversión y Contrataciones, Inmunidad Parlamentaria y Corrupción y Narcotráfico.

Cada candidato tendrá una primera exposición de 10 minutos, luego de los cuales habrá 5 minutos por agrupación política para complementar su participación o responder alusiones de sus contrincantes políticos.

Al finalizar el debate, se pasará a la ceremonia de suscripción del Pacto Público Anticorrupción.

Los candidatos que han confirmado su participación en el debate hasta el momento son:  Manuel Rodríguez Cuadros (Fuerza Social); Ricardo Noriega (Despertar Nacional); Omar Chehade (Candidato a la Segunda Vicepresidencia – Gana Perú) y Martín de Belaúnde (No. 1 de Lista Parlamentaria de Solidaridad Nacional).

Lima, 14 de Marzo del 2011

Decreto Supremo publicado ratifica incumplimiento al marco normativo establecido por el propio gobierno en el año 2008.

Con el Decreto Supremo 040-2011-EF, publicado hoy en El Peruano, el Poder Ejecutivo ratifica su decisión exonerar de procedimientos y evaluaciones técnicas a una serie de grandes proyectos de inversión y de interés nacional, priorizados a través de sendos y cuestionados decretos de urgencia.

El nuevo dispositivo legal amplia a los proyectos incorporados en los inconstitucionales Decretos de Urgencia 001 y 002; la dispensa de que las obras a ejecutar mediante una Asociación Público – Privada Cofinanciada no pasen por la evaluación del denominado “Comparador Público – Privado”, herramienta que debería permitirle al Estado Peruano determinar si un proyecto es más rentable con la intervención de la inversión privada o desarrollada como inversión pública.

Lo extraño de esta exoneración – ya aplicada a los proyectos priorizados por los decretos de urgencia de los años 2009 y 2010 – es que se refiere a un requisito establecido por este mismo gobierno.

Así, el Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas (Decreto Supremo 146-2008-EF), establece como requisito previo para la inclusión de determinados proyectos en los procesos de promoción de la inversión privada el que se evalúe a través del Manual Comparador Público – Privado. El manual debía ser aprobado por el MEF en enero de 2009, pero hasta la fecha no existe documento ni metodología establecida.

Esto, en opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción confirma que los proyectos priorizados por el Estado peruano en los decretos de urgencia emitidos desde el 2008 hasta la fecha, han sido determinados sin ningún sustento técnico y sin controles previos ni posteriores. Es decir, no hay ninguna justificación sobre el beneficio económico y para el desarrollo del país.

Cabe recordar que en las Asociaciones Público Privadas Co-financiadas el Estado peruano no sólo aporta parte del presupuesto de los proyectos a ejecutar sino que puede avalar cualquier crédito que el inversionista privado solicite para las obras. Eso hace necesario que se evalúe previamente qué es lo más conveniente para el país.

Finalmente, para el investigador Walter Vargas estas medidas reflejan la voluntad “entreguista” del gobierno, que responde a los intereses de determinados grupos económicos, como en el 2009 reconoció la entonces Ministra de Economía al declarar a un medio de comunicación que los proyectos priorizados habían sido a solicitud de la CONFIEP.

Lima, 10 de Marzo de 2011

Con el ruego de su difusión

Contacto:

Gabriela Flores Ch. gabriela@psf.org.pe /

2612466 / 999465555

Leer Presentación sobre Decretos de Urgencia

Los Decretos de Urgencia no dejan de ser inconstitucionales con modificatoria anunciada, señala el Grupo de Trabajo contra la Corrupción.

La mañana de hoy, el Ministro de la Producción anunció la decisión del Consejo de Ministros de modificar parcialmente los Decretos de Urgencia No. 001 y 002 – 2011; frente a la ola de cuestionamientos que habían recibido. Sin embargo, sólo se modificaría lo referente a la regulación para la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.

Para el investigador Walter Vargas, del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, los Decretos de Urgencia emitidos en enero de 2011 – que son parte de un mecanismo que, desde el 2008, el gobierno ha utilizado para agilizar las concesiones sin niveles de transparencia, consulta ni control público -, son inconstitucionales por una serie de consideraciones de fondo y forma.

La inconstitucionalidad de los DU tiene que ver con que no existe “ninguna situación extraordinaria o impredecible”, como exige la Constitución y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas; además se excede la materia económica y financiera a la que deben estar limitados.

A esto hay que sumar que 15 de los 33 proyectos priorizados son reiterativos de Decretos de Urgencia emitidos entre el 2008 y 2009; es decir, tiene más de dos años en espera de ser implementados.

Por otro lado, los Decretos de Urgencia – tanto los del 2011 como los anteriores – interfieren no sólo con la normatividad y regulación ambiental sino con la regulación administrativa que debe ejercer la Contraloría General de la República, que sólo puedo pronunciarse sobre versiones finales de contrato y no interviene en las fases previas a la concesión, donde pueden desarrollarse irregularidades como ya ha sucedido en Paita y Taboada, ambos proyectos incluidos en DU anteriores.

Todas estas deficiencias, peligros y cuestionamientos no se resuelven con la decisión anunciada esta mañana por el Consejo de Ministros. En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, lo que se buscaría sería acallar las criticas sin romper el compromiso de “facilitar las inversiones” que el gobierno ha asumido con grupos de poder económico.

Vargas Díaz, además, señala que los Decretos de Urgencia atentan contra una serie de derechos (a la consulta, al desarrollo humano integral y el principio de transparencia del poder público);  y plantean un peligro en materia de corrupción por las siguientes razones:

a)      Se evade el control público mediante una norma que favorece a grupos privados.

b)      Se garantiza la impunidad de posibles irregularidades ya que las normas blindan el manejo privatista de los recursos naturales y el patrimonio público.

c)      Se reduce y limita la intervención del Contraloría General, atentando incluso con su Ley Orgánica.

En opinión del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, la modificatoria parcial no resuelve ni reduce el peligro de corrupción en la concesión de los proyectos priorizados. El Gobierno o el Congreso de la República deben derogar dichas normas, asimismo, debe declararse la inconstitucionalidad de las mismas y revisarse lo actuado en aquellos proyectos que ya hayan venido aplicando la norma “flexibilizada” de los Decretos de Urgencia desde el año 2008.

Lima, 16 de Febrero de 2011

El Cairo, París, Berlín – 10 de Febrero 2010. La Coalición UNCAC, un grupo de más de 240 organizaciones de sociedad civil en más de 100 países, incluyendo la Organización Afro-Egipcia de Derechos Humanos (AEHRO) y NADAFA-Egipcios contra la Corrupción, está profundamente preocupada por la ilícita transferencia de fondos públicos fuera de Egipto.

Un reporte de Global Financial Integrity publicado en enero del 2011 encuentra que Egipto está perdiendo más de US$ 6 mil millones por año – US$57.2 mil millones en total desde el 2000 al 2008 – debido a actividades financieras ilícitas y la corrupción de los funcionarios gubernamentales. (Leer el informe aquí).

A inicios de esta semana se hicieron públicas denuncias con relación a la riqueza del presidente egipcio Hosni Mubarak y su familia. Esta riqueza debe ser investigada a fondo, y si ha sido o es transferida ilícitamente debe ser inmediatamente congelada y, luego, repatriada.

La repatriación de activos ilícitamente transferidos desde Egipto podría brindar muchos de los fondos necesarios para el desarrollo de un país donde el 40 por ciento de su poblaciónvive con menos de 2 dólares por día.

El retorno de activos robados es un principio fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que establece que los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia en esta materia.

La Coalición de la UNCAC pide al gobierno egipcio seguir el ejemplo de Túnez y tomar todas las medidas necesarias para asegurar su derecho a la restitución.

Más aún, la Coalición alienta a los Estados donde se reporta que se ocultan los activos robados a congelar los activos de propiedad o controlados por personas que se consideran responsables de malversación de fondos del Estado egipcio y los individuos y entidades vinculados con ellos. En plena concordancia con sus obligaciones en el marco de la UNCAC, los gobiernos deben, también, asegurar que los bancos apliquen los procedimientos “mejorados de diligencia debida” con relación a las transacciones que envuelven a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs, por su nombre en inglés) arriba mencionadas.

Solicitamos a los gobiernos publicar los montos de activos congelados y los nombres de los bancos que han congelado estos activos.

Nota de los Editores.-

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es el marco legal más integral para combatir la corrupción. Es una acuerdo vinculante ratificado por 141 Estados sobre los estándares y requerimientos para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción.

La Coalición de la CNUCC fue formada en 2006 y está compuesta por más de 240 organizaciones de sociedad civil de más de 100 países. Su objetivo es promover la ratificación, implementación y monitoreo de la CNUCC. Más información puede ser encontrada en www.uncaccoalition.org. También puede seguirnos en Facebook (grupo “UNCAC Coalition”) y Twitter (http://twitter.com/uncaccoalition).

Contactos:

Engi M. El Haddad

Afro-Egyptian Human Rights Organization (AEHRO)

engi@aehro.org

Maud Perdriel

Association Sherpa

maud.perdriel-vaissiere@asso-sherpa.org

+ 33 (0) 1 42 21 33 25

Gillian Dell

Transparency International – Secretariat

gdell@transparency.org

Tel: +49-30-343-82017